Por Dr. Darsi Ferret
Miami, Florida. 6 de septiembre de 2012.
El anuncio público del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de establecer una mesa de negociaciones con la narco guerrilla de las FARC causa sorpresa, escozor y hasta incertidumbre. ¿Puede considerarse el fin de la larga guerra en Colombia sin tener en cuenta su sostén financiero y la red mercantil continental, incluidas la transportación y venta de droga, especialmente con destino a los Estados Unidos? ¿Es creíble un arreglo como el que se propone el gobierno colombiano con la guerrilla comunista, limitado a un acuerdo de paz nacional? ¿Qué beneficios pueden aportar al diálogo entre el gobierno y la guerrilla la participación de Cuba y Venezuela?
Es justo intentar llevar la paz a un país que por demasiado tiempo ha sido azotado por la violencia y el terrorismo de fuerzas subversivas. Más, ¿es posible emprender ese cometido sin tener en cuenta factores externos que quedan fuera del escenario, y también determinan, como el destino de la droga y la fuente que los financia? ¿O la reorganización del tráfico que bandas criminales intentan desplazar a Centroamérica?
Como un hecho aparentemente aislado a esta paz que se quiere lograr en Colombia, emerge una creciente manifestación, paradójicamente unánime, dentro de los países centroamericanos. Desde la frontera sur de México hasta Panamá, los gobiernos y parlamentos manifiestan la intención de lograr consenso para legalizar por ley el consumo de la droga en sus territorios nacionales.
Sin embargo, ¿por qué precisamente ahora semejante medida legal parece tomar inusitada fuerza? Comparado con el rico mercado de consumo de USA y Europa, el nivel de vida en Centroamérica es de bajo perfil, poco atractivo para las ganancias que acostumbran los narcotraficantes internacionales. Entonces, ¿esta propuesta que busca despejar la legalidad del consumo es motivada por la modernidad globalizadora, el consolidado triunfo de una visión contemporánea del derecho personal? ¿O más bien representa un prudente reacomodo general del sistema legal y de las fuerzas policiales y de prevención de las naciones del área, intentando disminuir en lo posible el nefasto impacto en sus débiles economías de una nueva y poderosa presencia criminal?
Pese a su enorme capacidad financiera, acumulada por muchos años de impunidad, los poderosos narcos mexicanos han sido indudablemente afectados por el creciente combate que en guerra irregular hace años le imponen las fuerzas del orden dentro de su país. Buscando renovar su menguado flujo de capital fresco, los poderosos carteles mexicanos se han desplazado tácticamente de la frontera sur de USA, su principal área de influencia y beneficios. Aprovechando la poca capacidad de enfrentamiento de unas fuerzas policiales poco financiadas y preparadas para enfrentar semejante desafío, ya han dado varias muestras de crecientes intentonas de reorganizar la transportación de droga desde Centroamérica hasta el territorio norteamericano. El nuevo modus operandi se centra fundamentalmente en darles financiamiento y agresiva operatividad a las violentas bandas de delincuentes de los países centroamericanos, aunque tampoco renuncian a emprender operaciones con su propio personal, como lo demostró la reciente captura de una banda mexicana en la frontera entre Nicaragua y Honduras.
Estas particularidades demuestran dos cosas: la primera es que el conflicto colombiano no puede llegar a feliz y definitivo término sin que primero sean anuladas las fuentes de financiamiento de los elementos de las FARC que ahora dan señales de querer pasar a la lucha política y competir en pacíficas elecciones para lograr el poder. El peligro que pueden representar un pequeño grupo de individuos ideologizados en una teoría totalitaria, que hasta el presente han irrespetado el Estado de Derecho y la democracia al intentar denodadamente imponerse en el país mediante el uso de la fuerza y la violencia, y sin desdeñar el terrorismo como brutal instrumento para masacrar compatriotas, no puede ser ignorado o dejado de tener presente por muy repentinas y oportunas declaraciones de paz e integración que sean emitidas por esos extremistas aparentemente arrepentidos. La capacidad de continuar contando con un flujo de capital ilegal para contaminar y destruir el orden institucional colombiano no queda definitivamente excluida con tales declaraciones. La corrupción que traería un creciente e incólume capital proveniente de las inalteradas fuentes de la droga sería un hecho terrible para la democracia y el Estado de Derecho que con algunas dificultades se intenta consolidar en América Latina.
La segunda es que los países centroamericanos constituyen el terreno donde se podría decidir la derrota continental de la alianza entre el tráfico de estupefacientes mexicano y la violencia subversiva de las FARC, destruyendo las fuentes de sustentación de ambos fenómenos criminales. Previamente sería necesario fortificar Centroamérica mediante un pacto inclusivo instrumentado con un proyecto continental, que frene y anule la escalada de expansión operativa de las bandas mexicanas y su innegable poder de corrupción en la nueva base de operaciones que pretenden consolidar. El peso que los Estados Unidos y Canadá podrían aportarle con su tecnología, experiencia e información de inteligencia serían determinantes, tal como se ha reflejado en el Plan Colombia y que lamentablemente no se ha consolidado con un semejante Plan México. Están a la vista los adversos resultados de esta falta de acuerdo por las autoridades de ambas naciones para un proyecto de mutuo beneficio en esta importantísima fase de la lucha contra el narcotráfico y la tenaz supervivencia de la guerrilla colombiana.
Y debe mencionarse que la lucha frontal del ex presidente Álvaro Uribe, que en sus dos gestiones de gobierno propino duras bajas a las FARC y cambio el escenario nacional, dejando a la narco guerrilla en una situación de desventaja total, y que devolvió la tranquilidad ciudadana en gran parte del territorio colombiano, no alcanzó aniquilar a esas tropas insurgentes por el refugio y la protección solapada que reciben en los territorios fronterizos de Venezuela y Ecuador. Sin ese significativo apoyo habría sido difícil que aún se sostuviera en beligerancia ese grupo armado.
La reciente revelación sobre la presencia del gobierno cubano en las negociaciones de paz en Colombia también arroja una lúgubre luz sobre sus resultados positivos que el mismo podría traer para el pueblo colombiano. Los representantes de la Junta Militar castrista reciben instrucciones de la misma dictadura totalitaria que durante años promovió, entrenó, suministró armas, inteligencia, refugio y hasta base para negociaciones a los subversivos y narcotraficantes colombianos.
Juez y parte de esta sangrienta lucha fratricida, el régimen cubano es igualmente responsable de su larga duración. ¿Por qué se incluye a semejante enemigo de la paz y la libertad en tales conversaciones? Dando vueltas en el mismo punto, América Latina parece trasnochadamente influenciada por una vieja táctica occidental frente al totalitarismo soviético. La pasiva contención y tolerancia inclusiva de los gobiernos del continente con un ponzoñoso sobreviviente político que intenta subvertir y destruir la democracia y el Estado de Derecho en cualquier parte, pero sobre todo en su entorno cercano, también parecen inspiradas en la desacertada certificación de la Administración Obama al calificar al sistema imperante en la isla como no peligroso. Este lamentable error a mediano plazo puede pesar negativamente sobre las intentonas de pacificación en el hermano país suramericano.
No comments:
Post a Comment