En octubre de 1992, unas pocas semanas antes de ser
electo al Congreso de Estados Unidos, el Presidente George H.W. Bush firmó la Cuban Democracy Act (o la "Ley
Torricelli", como suele denominarse, por uno de sus principales autores,
el entonces Congresista Robert Torricelli de New Jersey). La Cuban Democracy Act les prohibía el comercio (y financiamiento)
con el régimen cubano a las subsidiarias extranjeras de empresas de Estados
Unidos. Fue un logro particularmente importante debido al creciente comercio y el
financiamiento comercial entre la dictadura y las subsidiarias extranjeras de
compañías americanas que se había estado produciendo desde que el Presidente
Gerald Ford autorizó dicho comercio en julio de 1975. (Notablemente, Castro le
“agradeció” el gesto al gobierno de Ford enviando tropas cubanas a Angola desde
agosto de 1975 y organizando una masiva “Conferencia de Solidaridad con la
Independencia de Puerto Rico” en La Habana en septiembre de 1975).
Tan pronto como llegué al Congreso en enero de 1993,
confirmé lo que ya sospechaba: la recientemente aprobada Cuban Democracy Act no aplicaba a la abrumadora mayoría de las
empresas de Estados Unidos. Dado que la nueva ley solo aplicaba a subsidiarias
extranjeras, el comercio con la dictadura cubana por parte de empresas radicadas
en Estados Unidos estaba prohibido únicamente por órdenes ejecutivas, algunas
de las cuales se remontaban a la administración de Kennedy a principios de los
años 60. Por lo tanto, la abrumadora mayoría de lo que entonces se conocía como
el "embargo americano" contra el régimen cubano estaba compuesto por
estas órdenes ejecutivas y las regulaciones que las implementaban. Las órdenes
ejecutivas son, en efecto, decretos presidenciales que cualquier Presidente
puede levantar o cambiar en cualquier momento.
Con cada mes que pasaba, me preocupaban cada vez más
las intenciones del Presidente de Estados Unidos que había sido electo al mismo
tiempo que yo había sido electo al Congreso, Bill Clinton. A pesar de un par de
declaraciones de Clinton de que su Administración apoyaba el embargo y,
posteriormente, una carta suya asegurándome que seguía apoyando la Cuban Democracy Act, me resultaba
evidente que Clinton tenía la intención de levantar unilateralmente, con el tiempo,
todas las sanciones de Estados Unidos contra la dictadura cubana. Clinton
parecía interesado solo en la eliminación de la otra dictadura que existía en
el Caribe en ese momento: la de Haití. De hecho, Clinton enviaría a las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos a Haití, e instaló al violento Jean Bertrand Aristide
en el poder en septiembre de 1994.
No había un solo asesor principal de Clinton que apoyaba
las sanciones contra la dictadura cubana, y Clinton pronto comenzó una serie de
"obsequios" unilaterales a Castro, ocultos en el lenguaje de la
política de "pueblo a pueblo". En consecuencia, me enfoqué en la
necesidad de quitarle el embargo al Presidente de Estados Unidos y ponerlo
dentro de los parámetros de la ley de Estados Unidos a través de legislación.
Mi meta de codificar (hacer ley) el embargo de Estados
Unidos contra la dictadura cubana no era una tarea fácil. Significaba, en
efecto, tomar la esencia de la política exterior de Estados Unidos hacia otro
país de manos del Presidente y ponerla en manos del Congreso. Nunca se había
hecho anteriormente. Y durante mi primer periodo en el Congreso, como
Republicano, yo formaba parte de la minoría parlamentaria. Pero creía
firmemente que era necesario codificar el embargo. Era extremadamente
importante condicionar la
normalización de las relaciones económicas entre Estados Unidos y Cuba, a una
transición democrática en la isla esclavizada.
Habiendo vivido, años antes, en España, había visto lo
importante que había sido para España que la Comunidad Económica Europea (más
tarde conocida como la Unión Europea o UE) condicionó la democracia, la hizo un
requisito previo, para la entrada de España en la UE. Me quedé impresionado por
el hecho de que no fue hasta que España había sido una democracia durante una
década, que se le permitió entrar en la UE.
Siempre he considerado admirable el requisito democrático
para entrar en la UE. Es una cuestión de ética básica, así como, también, de
sentido común. Si un estado-nación desea ser parte de Europa, tiene que ser una
democracia. En otras palabras, tiene que respetar a su pueblo, otorgándole a su
pueblo un Estado de Derecho, libertades básicas y elecciones periódicas, libres
y justas. Lo que vi en España, Portugal y Grecia en el último cuarto del siglo
XX fue que el requisito democrático europeo, aunque no obliga la democracia para los países con dictaduras militares, es,
sin embargo, extremadamente eficaz. Es una cuestión absolutamente básica. ¿Quieres formar parte de la UE? Entonces tienes que
ser una democracia.
Vi cómo, en el momento de la muerte del dictador
Francisco Franco en España, la dictadura militar, profundamente deseosa de
entrar en las instituciones europeas, se dio cuenta de que no tenía otra opción
que permitir la democracia para su pueblo. La dictadura no pudo continuar. La
democracia tuvo que ser permitida en España.
Obviamente, múltiples otros factores entran en la
ecuación para que los pueblos puedan recobrar su libertad. Los pueblos
oprimidos son los actores principales en sus propios destinos. Pero la
solidaridad internacional siempre ha sido clave para ayudar a liberar a pueblos
oprimidos por dictaduras.
Aunque es una realidad mucho menos conocida, el
hemisferio occidental también tiene un requisito democrático. En el momento en
que se creó el Sistema Interamericano moderno, en 1948, la Carta de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), el documento orgánico principal del derecho interamericano,
estableció claramente en su Capítulo II, Artículo 3, Sección d, “La solidaridad de los Estados americanos y
los altos fines que con ella se persiguen, requieren
la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de
la democracia representativa.”
La democracia es un requisito legal para las
repúblicas del hemisferio occidental. Nunca he olvidado ese hecho tan básico como
críticamente importante.
Mis esfuerzos para codificar el embargo contra la
dictadura recibieron un gran espaldarazo cuando, en noviembre de 1994, los Republicanos
capturaron la mayoría en ambas Cámaras del Congreso por primera vez en 40 años.
La nueva Mayoría Republicana hizo grandes cosas para
Estados Unidos y la causa de la libertad en el mundo. Tal vez el éxito más
dramático de esa Mayoría Republicana fue la Ley
de Presupuesto Equilibrado de 1997 que puso fin a 30 años de déficits
presupuestarios y logró superávits presupuestarios a partir de 1999. Esto se
logró a pesar de la vehemente oposición del Presidente Clinton que incluyó múltiples
vetos presidenciales en 1995 y 1996.
Tan pronto como se volvió a reunir el Congreso después
de las elecciones de 1994, presenté
varios proyectos de ley para fortalecer las sanciones contra la dictadura
cubana. El 29 de noviembre de 1994, presenté un proyecto de ley para prohibirle
al Presidente toda contribución de Estados Unidos a las instituciones
financieras internacionales que proporcionaban "cualquier tipo de
asistencia a Iraq, Irán, Libia o Cuba" (HR 5295), otro proyecto de ley para
prohibir la admisión de la dictadura cubana en todas las instituciones
financieras internacionales "hasta que en Cuba se celebren elecciones
libres supervisadas internacionalmente" (HR 5296), otro para negarles
visas a toda persona que hubiese participado o se hubiese beneficiado de la
confiscación o receptación de propiedad de ciudadanos de Estados Unidos (5297),
y otro para prohibir la importación a Estados Unidos de azúcar de cualquier
país que, a su vez, importara azúcar de Cuba hasta que se celebraran elecciones
libres supervisadas internacionalmente en Cuba (HR 5298).
Volví a presentar estos proyectos de ley en cuanto comenzó
a sesionar el próximo Congreso, el 4 de enero de 1995. El 7 de febrero de 1995,
presenté una Resolución (H. Con. Res. 24), cuyas clausulas claves eran las
siguientes:
(1) Estados Unidos considera los actos del gobierno de
Castro, incluidas sus violaciones masivas, sistemáticas y extraordinarias de
los derechos humanos, una amenaza a la paz mundial;
(2) el Presidente debe abogar e instruir a los
representantes de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas que propongan y soliciten un embargo internacional obligatorio contra el
gobierno totalitario de Cuba de conformidad con el capítulo VII de la Carta de
las Naciones Unidas.
Así fue como comenzó lo que después sería "Helms-Burton”.
El Presidente Clinton continuó emitiendo decretos para
fortalecer a la dictadura cubana. Actuaba como si le tuviese terror a Castro.
Nunca pudo olvidar el violento motín por refugiados del Mariel en Arkansas que
fue decisivo en su derrota para la reelección como Gobernador en 1980, su más
dolorosa experiencia vital. El 2 de mayo de 1995 se anunció un acuerdo entre la
Administración de Estados Unidos y el régimen cubano que le otorgaba un mínimo
de 20,000 visas anuales a cubanos y Estados Unidos se comprometía a devolverle
forzosamente a la dictadura los cubanos encontrados en alta mar o que entraran
en la base naval de Guantánamo.
Me indignó tanto el Acuerdo Castro-Clinton del 2 de
mayo de 1995 que, en protesta, llevé a cabo un acto de desobediencia civil
frente a la Casa Blanca (rehusé moverme después de una petición policial) y fui
arrestado. El 2 de mayo de 1995 fue un día ignominioso en la historia de la presidencia
de Clinton.
En octubre de 1995, Clinton anunció un relajamiento de
restricciones de viajes como parte de un regalo adicional de "pueblo a
pueblo" a la dictadura cubana. El 6 de octubre de 1995, el Jefe de Despacho
de la Casa Blanca, Leon Panetta, y otros altos asesores de Clinton se reunieron
con un grupo de aproximadamente 50 líderes empresariales de Estados Unidos para
exhortarlos a cabildear en contra del embargo. Dichos empresarios entonces fueron
clasificados como "periodistas" por la Administración Clinton y
enviados a reunirse con Fidel Castro en La Habana. La lista de esos líderes
empresariales de Estados Unidos incluyó a los gerentes de Time Warner, Hyatt
Hotels, General Motors y Zenith.
El Senador Jesse Helms y el Congresista Dan Burton
presentaron proyectos de leyes en la Cámara de Representantes y el Senado, que
se conocieron como Helms-Burton, en
febrero de 1995. En formas importantes, Helms-Burton
fue formada por proyectos de ley que yo había presentado desde el mes de
noviembre anterior. Mi solicitud de que Estados Unidos liderara una campaña
para lograr un embargo internacional contra Castro se convirtió en la Sección
101 (1) y (2). Mi proyecto de ley pidiendo la oposición de Estados Unidos a la
membresía cubana en organizaciones financieras internacionales hasta que fuera
restaurada la democracia en Cuba se convirtió en la Sección 104 (a)(1). Mi
proyecto de ley que pedía la negación de visas de Estados Unidos a personas
involucradas en la confiscación de bienes de Estados Unidos o que
posteriormente se beneficiaran de tales receptaciones en Cuba, se convirtió en el
Título IV. Una disposición que permitía a los ciudadanos de Estados Unidos el
derecho de demandar a compañías extranjeras que traficaran en propiedades americanas
robadas en Cuba (que yo no había presentado) se convirtió en el Título III.
Mi prioridad principal, la codificación del embargo,
nunca se había presentado como un proyecto de ley. Por lo tanto, no estaba en
la versión ni de la Cámara ni la del Senado de Helms-Burton. Aunque mi Jefe de Despacho (y gran amigo) Steve
Vermillion siempre me dio esperanza de que la codificación era posible, cada
vez que trataba el tema con alguien más me enfrentaba a la realidad de que la
codificación presentaba obstáculos extraordinarios.
Pero yo sabía que era necesaria. Recibía confirmaciones
continuas de mis temores sobre las intenciones de Clinton. Un funcionario del
Ministerio de Relaciones Exteriores británico (el “Foreign Office”), por
ejemplo, me dijo que la Administración de Estados
Unidos le había asegurado que Clinton levantaría el embargo después de su
reelección en 1996.
La Administración Clinton se opuso públicamente a Helms-Burton. En una entrevista en CNN
en abril de 1995, el propio Clinton dijo que la legislación era
"innecesaria".
No obstante, aprobamos Helms-Burton en la Cámara de Representantes el 21 de septiembre de
1995 por un voto de 294 a 130, y el proyecto de ley pasó al Senado. En el
Senado, sin embargo, los 60 votos necesarios para "cloture" (cerrar el
debate) no se obtuvieron a pesar de dos intentos por parte del Senador Dole para
hacerlo a mediados de octubre de 1995. Incapaz de lograr la aprobación del
proyecto en la forma que fue presentado, el Senador Dole eliminó el Título III
y el Título IV del proyecto de ley, antes de que fuera aprobado por el Senado
el 19 de octubre de 1995.
Fidel Castro claramente se sintió envalentonado por
nuestro fracaso en el Senado y por las constantes señales de apaciguamiento de
Clinton. Y llegó la tragedia del 24 de febrero de 1996.
A pesar de la existencia de una "orden
permanente" (standing order) para
que cazas americanos interceptasen inmediatamente a todo Mig cubano volando hacia
Estados Unidos desde Cuba, se emitió una contraorden impidiendo que los cazas americanos
interceptaran a Migs cubanos volando hacia Estados Unidos el 24 de febrero de
1996. Ese trágico día, dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate fueron destruidas en los cielos cerca de la
costa de la Florida, resultando en los salvajes asesinatos de cuatro ejemplares
humanitarios (tres ciudadanos de Estados Unidos y un residente legal de Estados
Unidos), Armando Alejandre, Jr., Mario de la Peña, Carlos Costa y Pablo
Morales.
Recuerdo haberme sentido profundamente triste y
francamente indignado al conocer los trágicos detalles de lo que sucedió el 24
de febrero de 1996 cuando recibí un detallado informe de Jeffrey Houlihan, un especialista
en sistemas de detección del Servicio de Aduanas de Estados Unidos que
supervisó radares de Estados Unidos el 24 de febrero.
Para evitar el tener que tomar medidas más enérgicas contra
Castro, el 26 de febrero Clinton anunció públicamente que tenía la intención de
llegar a un acuerdo con el Congreso sobre Helms-Burton.
Es importante recordar que ni Fidel Castro ni Bill
Clinton sabían en ese momento que la codificación iba a ser parte de Helms-Burton. Ese hecho es importante
porque algunos "cubanologos" han dicho que Fidel Castro derribó los
aviones de Hermanos al Rescate porque
quería mantener el embargo de Estados Unidos. Fidel Castro seguramente pensó
que sus asesinatos del 24 de febrero podrían costarle la aprobación de una ley Helms-Burton, pero casi seguramente una Helms-Burton "suspendible",
que sería promulgada y "ejecutada" por un Presidente de Estados
Unidos que tenía la intención de continuar apaciguándolo. El embargo podría
luego continuar siendo levantado poco a poco. Castro nunca pensó que el embargo
sería codificado.
En la tarde del 27 de febrero, al regresar a
Washington, DC, Ileana Ros-Lehtinen, Bob Menéndez, Dan Burton, Peter Deutsch,
Patrick Kennedy, Bob Torricelli y yo nos reunimos en un salón de conferencias del
Longworth House Office Building para
planear nuestros próximos pasos.
Todos acordamos intentar incluir los Títulos III y IV
en Helms-Burton nuevamente. Y entonces
les pedí a todos que me apoyaran para la inclusión de una nueva medida en el
proyecto de ley: la codificación del embargo. Todos los presentes estuvieron de
acuerdo en apoyarme.
En la mañana siguiente, el 28 de febrero, a las 8:00
a.m., en la oficina de Bob Menéndez en el Longworth
House Office Building, Bob Menéndez y yo nos reunimos con una delegación de
la Casa Blanca para comenzar las negociaciones sobre un proyecto Helms-Burton que se convertiría en ley.
El equipo negociador de la Casa Blanca con el que nos reunimos esa mañana
estaba dirigido por Richard Nuccio, el coordinador de asuntos cubanos de
Clinton en esos momentos (que previamente había sido asesor de Robert Torricelli).
El equipo de Clinton comenzó aclarando que buscaban el
derecho de “suspensión” presidencial para el Título III. Bob y yo le dijimos
que negociaríamos sobre ese tema a medida que avanzara el día. Entonces yo dije
que había un asunto en el que insistiríamos, pero que no debería ser un
problema, ya que el Presidente Clinton había dejado claro en su declaración dos
días antes que apoyaba el embargo: la codificación.
El equipo de Clinton se sorprendió. "Eso es
nuevo, no está en el proyecto de
ley de la Cámara ni el del Senado", dijeron.
"¿El Presidente piensa levantar el
embargo?", les pregunté.
"No", respondieron.
"Bien, entonces no tenemos ningún problema.
Próximo tema", dije.
Hablamos durante un par de horas en la oficina de Bob
y luego acordamos que Bob iría a la oficina del Vice-Presidente Gore en el Capitolio,
y el resto de nuestro equipo ese día (Burton, Torricelli, Ileana Ros-Lehtinen y
yo) se reuniría en la Oficina del Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores de Senado (Helms) por la tarde para continuar nuestras negociaciones
por teléfono.
Las conversaciones continuaron de esa manera durante
toda la tarde de ese día. Burton, Ileana, Torricelli y yo en la oficina privada
de Helms en el lado del Senado del Capitolio, al teléfono con Bob Menéndez, que
estaba en la oficina del Vice-Presidente, también en el lado del Senado del
Capitolio. Bob transmitía nuestras posiciones a la Casa Blanca por otro
teléfono en la oficina de Gore.
La codificación no se volvió a mencionar durante toda
la negociación. Nos negamos a conceder una “suspensión” para el Título IV
(Torricelli hizo el papel de “policía malo” para ello), y acordamos otorgar una
suspensión para el Título III. Básicamente, la esencia de Helms-Burton fue: nosotros obtuvimos la codificación, a cambio de
una “suspensión” para el Título III. Teníamos un acuerdo.
Más tarde, el equipo de asesores de Clinton se reunió
para revisar el acuerdo. Cuando los Secretarios de Estado y Defensa y la Fiscal
General se enteraron de la codificación, se opusieron. Pero los asesores
políticos de Clinton, George Stephanopoulos y Leon Panetta, se sobrepusieron a
ellos. Sabían que Dole podía ser derrotado en 1996. Pero ciudadanos de Estados
Unidos habían sido asesinados, y no era una buena idea que Clinton le diera un tema
de campaña a Dole. Entonces los asesores de Clinton se enfocaron en su
"victoria" del Título III, que usarían para explicar su cambio de opinión
al aceptar a Helms-Burton. Y Clinton
declaró que firmaría la ley.
Aprobamos la ley por una votación de 74 a 22 en el
Senado el 5 de marzo, y de 336 a 86 en la Cámara el 6 de marzo. Clinton la
firmó en el Old Executive Office Building
de la Casa Blanca el 12 de marzo de 1996. El embargo ahora era la ley de Estados
Unidos. No podría ser levantado - por Clinton, ni más tarde por Obama - hasta
que se cumplan condiciones muy importantes.
Esas condiciones incluyen la liberación de todos los presos políticos en
Cuba; la legalización de toda actividad política, incluidos los partidos
políticos independientes; la legalización de sindicatos obreros libres y de la
prensa; y la convocatoria de elecciones con supervisión internacional. La
Sección 102 (h) establece: La
Codificación del Embargo Económico. - El embargo económico de Cuba, en vigencia
el 1 de marzo de 1996, incluyendo todas las restricciones bajo la parte 515 del
título 31, Código de Regulaciones Federales, entrará en vigor con la
promulgación de esta Ley, y permanecerá vigente, sujeto a la sección 204 de
esta Ley.
La codificación en Helms-Burton
transfirió la esencia de la política de Estados Unidos hacia Cuba del Presidente
al Congreso. Bill Clinton y Barack Obama no pudieron levantar el embargo.
Es importante tener en cuenta que, si perdiésemos una
mayoría del Congreso sobre el tema de Cuba, pero el Presidente está con
nosotros, una amenaza de veto presidencial será suficiente para mantener el
embargo. Vimos lo que las amenazas de vetos presidenciales pueden significar durante
los primeros años de la Presidencia de George W. Bush, cuando habíamos perdido provisionalmente
una mayoría del Congreso sobre los temas del financiamiento
del comercio agrícola y el turismo masivo de
Estados Unidos a Cuba, pero no fuimos derrotados.